San Salvador — El martes el Gobierno habló de “más o menos el 50 %” de los presos. El viernes, el mismo Gobierno puso el número exacto: 10.629 “colaboradores no habituales” con expediente en revisión, dentro de un sistema penitenciario de 120.956 reos en el que 96.457 están presos por pertenecer a las pandillas o por colaborar con ellas. Entre el porcentaje y el listado pasaron tres días. Entre el listado y la aclaración, una rueda de prensa: los medios “tergiversaron”, dijo el presidente, y a quienes titularon que saldrían 46.000 les pidió una fe de errata. Lo que sigue faltando es el precio impreso, aunque el criterio ya admite dos tarifas: avisar que viene la Policía no es lo mismo que ayudar a enterrar un cadáver.
La nomenclatura oficial tiene cuatro escalones: 42.125 “homeboys”; 25.910 “no brincados”, los chequeos, postes y gatilleros que nunca pasaron por el ritual de ingreso; 17.793 “paros”, el colaborador permanente —el taxista que siempre los llevaba y los traía—; y 10.629 colaboradores no habituales, los únicos con expediente en revisión. Los “paros” quedaron fuera del descuento, y la razón es de manual: fueron constantes. El vocabulario interno de una pandilla pasó a ser glosario del Estado y con él llegó la primera regla arancelaria del sistema: “ningún pandillero va a salir libre nunca”. Los otros tres escalones no necesitan tarifario porque no tienen descuento.
El criterio lo explicó el propio presidente con un ejemplo de mostrador: “No tendría el mismo nivel de colaboración quien ayudó a enterrar un cadáver en comparación con el muchacho que lo ponían en la orilla del pasaje y él avisaba cuando venía la Policía”. Y antes había dicho por qué el catálogo no se puede llenar de una vez: “Hay mucha gente que sí, ha cometido delitos, pero su delito fue colaborar con las pandillas. Merecen estar en la cárcel, pero venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era tan inusual y si nosotros nos pusiéramos a capturar todos los que colaboraron con las pandillas tuviéramos que arrestar al 20 % de la población”. Traducido a tarifario: si colaborar era lo normal en el barrio, el delito es haber sido vecino.
Para ordenar eso hace falta una especialidad que todavía no tiene facultad. “El tarifario de la colaboración” — así lo llama Rigoberto «El Cotizador» Alfaro, actuario penitenciario y especialista en tasación de culpas por niveles: “Un delito dejó de ser una cosa y pasó a ser un rango: hay dos precios confirmados, un mecanismo de pago y ninguna lista impresa. Lo único que falta es que el cliente firme antes de subir al bus”.
El mecanismo de pago ya tiene nombre propio: Cero Ocio, el programa en el que los reos hacen trabajos para la comunidad y reciben beneficios por cada día trabajado para reducir su condena. Es el único tarifario del país que se cobra en jornadas y que no admite reclamaciones: la lista de precios no se publica, pero la de deudores crece sola, con 93.162 capturas bajo el régimen y 8.000 devueltos por el llamado “margen de error”. La estimación oficial para el programa es de unos 5.000 expedientes, y la cifra base tampoco es una sola: el cable de una agencia dejó 10.622 en el titular y 10.626 en el cuerpo, y la agencia que preguntó en la conferencia anotó 10.629. Con la mitad de un sistema penitenciario en juego, siete expedientes de diferencia son precisión de relojero.
Faltan la fecha, la lista y el juez. El régimen sigue vigente con su prórroga 55 hasta el 27 de octubre, los juicios masivos siguen condenando en bloque a quien “promueva, ayude, facilite o favorezca” y el 28 de febrero se vota presidente, diputados y alcaldías. El tarifario salió antes que el catálogo: primero se anunció el descuento y después se fue a buscar el inventario. Es la misma costumbre de 2023, cuando la palabra era “jamás” y nadie había hecho la cuenta de lo que costaba sostenerla.
Esto es sátira. O quizás no. Y si lo confundes con la realidad, ese es el problema.