San Salvador — Después de anunciar la mayor inversión de la historia del país, el presidente Nayib Bukele presentó este martes en Casa Presidencial el organismo más avanzado del Estado salvadoreño: una comisión que revisa uno por uno los expedientes de los detenidos bajo régimen de excepción sin llegar a existir del todo. “Se le puede llamar comisión, se le puede llamar el sistema”, dijo. En el Diario Oficial no aparece, por una razón técnica: publicarla la alteraría.
La primera medición la hizo por su cuenta Ibrajim Bukele, hermano del presidente y sin ningún cargo oficial, el 2 de abril en X, mientras discutía con usuarios por las más de 500 muertes bajo custodia. “Hay un equipo revisando caso por caso y las denuncias”, escribió, y detalló de qué está hecho: Fiscalía, Ministerio de Justicia, Centros Penales y el Despacho de la Primera Dama. El Faro intentó después la medición de control con una pregunta simple —qué ley le da vida— y el resultado del experimento fue un vacío con forma de respuesta.
El martes, el propio presidente completó el segundo registro: “Mi hermano no tiene ningún rol en ninguna comisión”. Con eso, el organismo quedó estable en sus dos estados —revisando expedientes y sin ningún familiar dentro—, que es justo lo que lo hace funcionar. La única condición de uso es no preguntar: cualquier consulta externa lo obliga a colapsar en su forma más cómoda, la de que no hay ninguna comisión, la de que nunca hubo, la de que el país está mejor así.
El manual tampoco está escrito, y no por descuido. Según la legislación salvadoreña, solo los jueces y magistrados pueden decidir si una persona sale o se queda en prisión: la Fiscalía no puede, el Ministerio de Justicia no puede, Centros Penales no puede y el Despacho de la Primera Dama tampoco. Un organismo que solo se materializa cuando nadie lo mira tiene la ventaja de que ninguna ley alcanza a aplicársele en el intervalo.
“Acá tenemos un caso de libro”, explicó Norberto «El Colapso» Alas, del Instituto Salvadoreño de Física Aplicada a los Expedientes. “El sistema ocupa todos los estados posibles hasta que lo observás. Si lo observa el hermano, se manifiesta; si lo observa el presidente, se anula. Es el principio de incertidumbre aplicado al debido proceso: cuanto más se sabe de la comisión, menos se sabe de quién está dentro”. Alas aclaró que el instituto que dirige tampoco aparece en el Diario Oficial, pero que lo están midiendo.
Los números visibles son los de siempre: 93.162 detenidos bajo el régimen, 8.000 devueltos por el llamado “margen de error” y hasta un 50% que podría salir con liberación condicional, con monitoreo y sin dejar de ser culpable. La comisión revisa de uno en uno; los tribunales, desde enero, de mil en mil. Es la misma justicia, solo que una parte se mide en unidades y la otra en toneladas.
Mientras la física avanza, en Soyapango una señora sigue yendo cada martes con la carpeta de su hijo, la última carta y una foto de 2022. No la pueden recibir: atenderla convertiría a la comisión en una oficina con horarios, empleados y responsabilidades. Es más seguro dejarla trabajando en su estado natural, invisible y eficiente, revisando uno por uno los casos de las más de 93.000 personas que sí se pueden ver.
Esto es sátira. O quizás no. Y si lo confundes con la realidad, ese es el problema.