San Salvador — La mitad de los presos y la mitad de la condena. Bukele eligió un 50 % para su plan de liberación anticipada y la ley ya tenía uno escrito: el artículo 86 del Código Penal concede la libertad condicional anticipada a quien haya cumplido “la mitad de la condena”, con informe del Consejo Criminológico Regional y decisión del Juez de Vigilancia Penitenciaria. “Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada”, dijo el martes. Las dos mitades no son lo mismo, pero se escriben igual en los titulares.
La letra pequeña explica por qué nadie usa esa puerta: la mitad se calcula sobre una condena firme. Sin sentencia no hay mitad que calcular, ni juez que la ejecute, ni informe criminológico que la respalde. De los más de 93.000, casi 6.000 fueron sentenciados en los juicios masivos y más del 90 % sigue esperando juicio, según Human Rights Watch. A la mitad de los presos no se les puede ejecutar nada: todavía no tienen nada.
Tampoco es un descuido que la puerta esté trabada. La reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado que envió el ministro Gustavo Villatoro prohíbe conceder “la libertad condicional ni la libertad condicional anticipada” a los condenados por crimen organizado y le pasa la vigilancia de las penas a los mismos tribunales que condenan. Los jueces de vigilancia penitenciaria la llamaron inconstitucional. Y el delito por el que está presa la mayoría castiga con 20 a 30 años a quien “promueva, ayude, facilite o favorezca”: al colaborador del que habla el Presidente le tocarían diez años para llegar a la mitad legal. Un plan a diez años vista no es un plan: es una promesa con fecha de entrega.
Los criterios siguen inéditos, y el Presidente los ilustró así: “No tendría el mismo nivel de colaboración quien ayudó a enterrar un cadáver en comparación con el muchacho que lo ponían en la orilla del pasaje y él avisaba cuando venía la Policía”. Dos categorías morales dictadas en una rueda de prensa, sin expediente.
Cuándo empieza: no lo dijo. Cuántos son: más o menos. Quién autoriza: la comisión que no depende de los jueces ni de la Fiscalía, a la que “se le puede llamar comisión, se le puede llamar el sistema”. Quién vigila: con vigilancia. Cómo: no lo dijo. La edición salvadoreña de Publimetro anotó lo evidente: ni orden de liberación, ni fecha, ni número, ni comisión formal.
Para Abraham Ábrego, de Cristosal, el anuncio dice otra cosa: “Hoy el Ejecutivo admite de forma velada su error, pero con un lenguaje confuso. No habla de inocentes, sino de colaboradores de pandillas, para evitar nombrar a los inocentes que él mismo antes llamó margen de error”. El margen ya no es el 1 % de 2022: la cuenta oficial de devueltos llegó a 8.000 y las organizaciones estiman que un tercio de los detenidos no tiene nada que ver. “Acá lo difícil no es la física, es la aritmética”, explicó un asesor en penas fraccionadas. “La mitad de cero es cero”.
Mientras se discute el porcentaje, el régimen sigue vigente —la prórroga vence el 27 de octubre— y el país conserva el título que nadie le disputa: la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. El 50 % no sale por la puerta de la ley, que empieza pidiendo sentencia para contar. Sale por la puerta sin ley, la única del país que ofrece una rebaja así sin abrir caja.
Esto es sátira. O quizás no. Y si lo confundes con la realidad, ese es el problema.