San Salvador — Elías Antonio Saca cumplió los diez años. La orden de libertad lleva fecha del martes 27 de octubre: tres días antes del décimo aniversario de su captura. El expresidente ya no tiene condena que purgar por el desvío de $301 millones entre 2004 y 2009. Lo que no se cumplió fue la cuenta. En El Salvador la justicia cobra por año, no por monto.
La cuenta grande. El tribunal le fijó $260.7 millones de responsabilidad civil; a los siete condenados del caso Destape a la Corrupción, unos $300 millones. La Sala de lo Penal confirmó la obligación en diciembre de 2019 y nadie la ha borrado: la libertad no extingue la deuda, la deja a la vista. La condena se cumplió. La deuda se quedó a vivir.
El abono. Por enriquecimiento ilícito debía reintegrar $3,892,698.71. Al corte de abril de este año había abonado $5,845.75, según la Fiscalía. Menos del 0.2 %. Un pago a cuenta de un país que sigue esperando el vuelto.
La tarifa. Esta semana, el Tribunal Sexto de Sentencia condenó a diez años a un hombre por llevarse una motocicleta en Soyapango; la encontraron desmantelada al día siguiente. En agosto, el mismo tribunal sentenció a otros diez años a un hombre por una laptop, joyas y $7,500 en Santo Tomás. Mismo precio, distinto producto.
Un escalón más abajo, la tarifa también tiene precios de cinco años: cinco hombres condenados en 2014 por robarse cinco guacamayas del Zoológico Nacional, y un año antes, otro que pagó cinco por una vaca. Ave, vaca, moto o erario.
Los bienes. En marzo, la Fiscalía informó de 25 inmuebles y ocho productos financieros recuperados por unos $9.6 millones. Al Estado le devolvieron las casas; a Saca, la libertad. Los dos siguen esperando el resto.
A Saca le contaron los años desde la boda de un hijo, en Antiguo Cuscatlán; al de la moto, desde que un vecino lo fotografió sacándola de una vivienda. La justicia miró el calendario en los dos casos. La factura fue la única que cambió de tamaño: $260.7 millones contra $1,200.
Entró debiendo y salió debiendo. La diferencia fueron diez años.