San Salvador — El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aclaró esta semana en una entrevista con la televisión argentina que las cifras que publican las organizaciones de derechos humanos sobre el régimen de excepción son “medias verdades”. Para demostrarlo eligió el dato más repetido y lo corrigió: “Son medias verdades, no son 90.000, son más de 91.000 los que tenemos capturados y detenidos”. La mitad que faltaba, entonces, eran mil detenidos más.
Con esa precisión, el vicepresidente dejó la cifra oficial perfectamente actualizada y, de paso, sembró una duda razonable sobre el resto: si el número estaba incompleto, quizás todo lo demás también lo estaba, aunque en el mismo sentido. La otra mitad de la media verdad —las más de 470 muertes bajo custodia estatal documentadas por Amnistía Internacional, los miles de detenidos que llevan años sin sentencia, los que recuperaron la libertad después de probar que eran inocentes— corresponde a la parte que ya se conocía y que, por lo tanto, no hacía falta volver a mencionar.
“Nosotros manejamos la mitad de arriba”, explicó un analista en cifras parciales que pidió no ser identificado. “Cuando el número sube, la verdad sube con él. Es aritmética básica: si tenías 90 mil y te faltaba mil, tenías 91 mil. Acá nadie discute el fondo, se discute el decimal”.
En el mismo intercambio, el vicepresidente ofreció una clase de derecho procesal que los manuales todavía no recogen. Explicó que “el principio de inocencia prevalece para todos los ciudadanos en El Salvador, excepto para los que pertenecen a estructuras declaradas terroristas por el Estado”, y admitió de paso que esas personas pueden permanecer detenidas “por 15 días, cuando la Constitución dice que no pueden ser más de tres días”. Los abogados que buscaron el artículo que autoriza los quince días informaron que no está, pero que la búsqueda fue amable.
Más adelante, ante la pregunta de qué pasa con alguien que termina sentado en una sala donde se prueba la responsabilidad colectiva de una pandilla que no integraba, el vicepresidente fue todavía más claro: “Si no la integraba, sale libre. Tú pruebas de inocencia y el juez, si es responsable, te declara la libertad”. Y completó la doctrina sin que nadie se lo pidiera: “Si no la pruebas, seguís teniendo el principio de presunción de culpabilidad en el caso de la estructura criminal”. Es la primera vez que un vicepresidente explica en televisión, en directo y sin apuro, el funcionamiento de un principio que no existe.
Consultado sobre por qué el régimen de excepción sigue vigente, Ulloa fue categórico: porque “el régimen de excepción no afecta ni una sola libertad pública”. Y agregó que continuará mientras el pueblo lo pida, porque “nosotros gobernamos para la gente”, no para periodistas, funcionarios internacionales ni ONGs. Cuando la entrevistadora le hizo notar que los periodistas también son gente, respondió: “No, no, sí, pero no son salvadoreños”. De los más de cincuenta periodistas salvadoreños que están en el exilio no se habló en ese momento de la entrevista, aunque el vicepresidente sí aclaró que él no tiene problemas con la prensa: solo con los que “se han autoexiliado”.
Así las cosas, la media verdad quedó completa: son 91 mil, no 90 mil, y el país sigue siendo el mismo lugar seguro donde no se afecta ninguna libertad pública, siempre que uno pertenezca a la mitad que no fue detenida.
Esto es sátira. O quizás no. Y si lo confundes con la realidad, ese es el problema.