San Salvador — Montar un medio de comunicación anónimo en El Salvador ya tiene procedimiento probado y es bastante sencillo: se elige un nombre con gancho, se contrata un avatar con capucha verde, chaqueta de cuero y máscara metálica de calavera, y se declara Rusia como país de residencia. El único paso que no hay que dar, bajo ninguna circunstancia, es dejar el teléfono de la oficina y el correo de la agencia de publicidad en la casilla de contacto. Ese fue, exactamente, el paso que dieron.
Caja Negra —el portal que en dos semanas se dedicó a atacar a la defensora Ruth López y a la diputada Claudia Ortiz— registró su dominio el 21 de septiembre con una coherencia admirable: país, Rusia; teléfono, uno de Claro El Salvador; correo, el de Mys Capital, la agencia que hoy se llama ABCapital y que administra Carlos Roberto Castillo Guevara, empleado y contador vinculado al presidente de la Asamblea Legislativa. El mismo despacho le vendió $630,500 en canastas de alimentos al Ministerio de Agricultura durante la pandemia, contrato del expediente conocido como Catedral. La discreción, como se ve, se cotiza en dólares.
El presidente de la Asamblea ya salió a responder en X: es una “campaña sucia”. Y para demostrar cuán indirecta era la acusación, la resumió él mismo mejor que el reportaje: “Que un tío del hermano del cuñado del sobrino del socio, etc., es mi empleado, y que él tiene relación con otra empresa que inscribió no sé qué”. Consultada sobre el parentesco, la caja negra no emitió declaraciones.
“Aquí el anonimato es un servicio más de la agencia, como el diseño o la pauta”, explicó el consultor de marca Rigoberto «El Innombrable» Quintanilla, especialista en identidades corporativas discretas. “En este país el anonimato es como el aguacate: todo el mundo dice que tiene, pero a la hora de la verdad se le ve la semilla”. El portal, además, presume de que sus periodistas financian el proyecto con su propia bolsa. La bolsa, revisada con lupa, tenía sello institucional: en noviembre de 2020, Fonavipo —entidad supeditada al Ministerio de Vivienda, que dirige Michelle Sol— le adjudicó un contrato de $4,000 a la misma agencia.
Pero el verdadero lujo no es la oficina: es el expediente. La segunda publicación del portal, del 6 de octubre, afirma tener datos del proceso judicial de Ruth López, declarado bajo reserva total desde hace 16 meses, que es el mismo expediente que ni su familia ni su defensa han podido leer. “Es una mezcla de desinformación y tergiversación de datos”, dijo el director legal de Cristosal, Abraham Ábrego. Traducido al español de todos los días: en este país hay tres personas autorizadas para leer el expediente completo de una presa política —la jueza, el fiscal y un avatar con máscara de calavera.
El nombre del portal tampoco es casualidad. En un avión, la caja negra registra lo que pasó cuando algo salió mal, y no elige bando. El Salvador ya tenía varias cajas negras —la DOM, los fondos de Chivo, FOPROMID— con una diferencia técnica importante: esas no hablaban. Esta es la primera caja negra del país con vocero, con avatar y con seguidores desde el primer día: Romeo Lemus, Walter Araujo y el secretario de Prensa de la Presidencia, que evidentemente tienen mejor olfato que el whois.
Mientras el país debate si un portal sin nombre es periodismo, Ruth López sigue en Izalco cumpliendo 16 meses, sin fecha para su segunda audiencia, con las medidas cautelares de la CIDH sin cumplir y cinco mecanismos de la ONU esperando respuesta desde julio. Y lo verdaderamente asombroso es esto: todo lo que hoy sabemos de Caja Negra salió de un registro público de dominios que cualquiera consulta en cinco minutos, gratis y sin abogado. El anonimato, al final, no protegió a ningún periodista. Protegió a quien dejó el correo de la oficina.
Esto es sátira. O quizás no. Y si lo confundes con la realidad, ese es el problema.