San Salvador — El mismo gobierno que en 24 horas despachó 100 toneladas de ayuda a Colombia con un sistema de GPS que haría sonrojar a Amazon, se declara incapaz de informar a una madre de Soyapango dónde está su hijo desde hace ocho años. La logística internacional funciona de maravilla; la logística de la verdad, según fuentes de Palacio, “requiere de una comisión especial, tres presupuestos y mucha paciencia”. Los resultados están a la vista: más de 9.400 personas desaparecidas en la última década y un Estado que presume de ser “el más seguro del hemisferio” como quien presume de un edificio cuyos sótanos no se atreve a abrir.
Desde 2022, todo lo relacionado con fosas clandestinas y cementerios ilegales fue declarado “secreto de Estado”, una figura tan elegante que convierte una zona roja de Zacatecoluca en un posterior de maniobras militares. Ahora, cuando alguien pregunta por una fosa, la respuesta oficial equivale al silencio de una llamada a ANDA: algo se escucha al fondo, pero nada se confirma. Las organizaciones de derechos humanos advierten, entre dientes, que el número real podría ser bastante más alto, lo que técnicamente convertiría al país más seguro del hemisferio en el que más gente cabe en la lista de los que ya no se cuentan.
“Seguimos el contenedor de arroz con la misma precisión con que un taxista de Ruta 42 conoce los baches de la avenida Cuscatancingo”, explicó confiado el coronel retirado Domingo “El Mapa Humano” Guandique, especialista en rastreo de ayuda internacional. “El problema es que las cajas van etiquetadas y los hijos no. Por eso la etiqueta la puso el Estado: secreto. Es lo más lógico del mundo”. Guandique propone, como medida de transparencia, que las familias paguen un rastreo premium con horchata incluida, aunque aclara que el código de barras del ADN aún no está disponible en versión pública.
Las madres, hermanas e hijas del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, hartas de la burocracia, propusieron algo tan radical como un registro nacional y un banco de ADN para identificar restos. La Asamblea Legislativa, esa institución de 58 diputados que aprueban con la velocidad de una pupusa saliendo de la plancha, respondió ignorando la propuesta con la discreción de quien cambia de tema en el almuerzo familiar. Nadie sabe si la comisión existe, si ya se reunió o si se disolvió para siempre; lo único seguro es que el país más seguro del hemisferio sigue ganando premios y perdiendo expedientes.
Mientras el Estado apaga el GPS de la memoria, las mujeres del Bloque hacen con palas, guantes y terquedad lo que a la maquinaria estatal le queda grande: bajar a las fosas que nadie quiere numerar, llevarse los huesos que nadie reclama y nombrar a los muertos que el secreto intentó volver anónimos. No tienen aviones, no tienen presupuesto y no les han dado código de barras, pero de eso, al parecer, sí saben. Y si alguien les ofrece ayuda logística para llegar a la verdad, que se apuren: el GPS del Estado, por si acaso, ya lo apagaron.
Esto es sátira. O quizás no. Y si lo confundes con la realidad, ese es el problema.