San Salvador — La abogada de derechos humanos Ruth López cumple este 18 de mayo un año exacto en prisión preventiva, un hito que el gobierno ha decidido celebrar como “la gestión judicial más eficiente de la administración Bukele”. En un comunicado filtrado desde Casa Presidencial, fuentes oficiales calificaron el caso como “un ejemplo de celeridad procesal: en otros países, un caso de esta naturaleza tardaría décadas en resolverse. Aquí, en solo un año, logramos mantener a la acusada en prisión sin necesidad de juicio, sin pruebas y sin orden judicial”.
El delito de preguntar. López, entonces directora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, cometió lo que las autoridades consideran hoy “el crimen procesal más grave de la década”: presentó 76 recursos de habeas corpus en nombre de familiares que buscaban información sobre el paradero de sus seres queridos, todos ellos trasladados al CECOT como parte del acuerdo entre la administración Trump y el gobierno de Bukele para la detención de más de 200 venezolanos y salvadoreños en marzo de 2025. El fiscal del caso, en una declaración que podría haber sido cándida o terrorífica —nunca se supo—, resumió: “Ella preguntó dónde estaban. Y nosotros respondimos: aquí estás tú”.
Eficiencia a la salvadoreña. El doctor Manfredo Sin-Debido-Proceso, catedrático de Derecho Penal Creativo en la Universidad de Sonsonate, explicó que el caso López representa “un modelo de justicia innovador”. “En el derecho procesal clásico, primero se investiga, luego se acusa y luego se juzga. Aquí nos saltamos los pasos intermedios. Directamente a la detención. Es como pedir una hamburguesa y que te den directamente la cuenta”, declaró el experto. “No sabemos de qué se le acusa, pero estamos seguros de que es culpable. Esa es la confianza que da el sistema”.
El silencio como prueba. La defensa de López ha solicitado en múltiples ocasiones un juicio público, la única manera de que las acusaciones se ventilen a la luz del día. Todas las solicitudes han sido denegadas. En su lugar, el tribunal ha optado por mantener el caso bajo reserva, una decisión que el doctor Sin-Debido-Proceso calificó como “coherente con la filosofía de la casa”: “Si no hay juicio, no hay posibilidad de absolución. Y si no hay absolución, técnicamente nunca se ha demostrado que sea inocente. Es lógica pura”.
La comunidad internacional mira. Más de 500 organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional —que la declaró presa de conciencia—, Human Rights Watch y la Asociación de Abogados de Nueva York, han exigido su liberación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares señalando que enfrenta “trato cruel e inhumano”. Ante esto, un portavoz presidencial respondió: “La CIDH no entiende el Nuevo El Salvador. Aquí la justicia es tan rápida que no da tiempo a cometer injusticias. O a cometerlas, según se mire”. López seguía en el Centro Penitenciario de Izalco, sin fecha de juicio y sin que nadie pudiera explicar exactamente de qué se le acusa. Pero, como dijo el portavoz, “eso es lo de menos cuando la eficiencia es la que manda”.