San Salvador — La Fiscalía General de la República ha emitido una advertencia que ha paralizado el comercio informal desde la Calle Rubén Darío hasta el MarketPlace de Facebook: comprar un celular usado sin verificar su procedencia legal ya no es una ganga, es «Receptación», un delito penado con 6 meses a 2 años de prisión según el Artículo 214-A del Código Penal. La noticia ha causado pánico entre los salvadoreños que alguna vez compraron un teléfono «sellado» por $40 en la acera del Centro.
EL DELITO DE COMPRAR GANGAS. Según la ley, si pagaste significativamente menos del valor de mercado por un celular, el sistema judicial asume automáticamente que sabías que era robado. Es decir, si en MarketPlace ves un iPhone 15 Pro Max en $50 y piensas «qué ganga», el fiscal ya está redactando tu acuerdo de culpabilidad. «La lógica es impecable», explicó la licenciada Marlene Vides, abogada penalista. «Si algo es demasiado bueno para ser verdad, es porque es robado. Y si es robado y lo compras, eres cómplice. O peor: eres el que le quitó la etiqueta de «perdido» al teléfono. Eso es, básicamente, ser el segundo ladrón».
LA ACERA, UNA ZONA DE ALTO RIESGO. Los vendedores ambulantes del Centro Histórico amanecieron hoy con una nueva incertidumbre: ya no solo tienen que esconderse de la Policía Municipal, ahora también tienen que verificar que sus teléfonos no tengan dueño. «Mire, joven, yo lo único que sé es que estos celulares vinieron en un cargamento de Guatemala», confesó don Óscar, vendedor de la Calle Delgado. «Pero el otro día llegó un comprador con un abogado y una hoja del Código Penal, y me dijo que si el teléfono tiene activo el «Buscar mi iPhone» él se va directo a la bartolina. Yo ya no sé ni qué vender. A este paso voy a tener que pedir factura hasta para vender un cargador genérico».
LA PRESUNCIÓN DE CULPA, AHORA TAMBIÉN APLICA PARA TU BOLSILLO. La ley establece que si hay «diferencia evidente entre el precio pagado y el valor real» o si la «venta es clandestina o sin documentación», la responsabilidad penal recae sobre el comprador. Esto ha llevado a los abogados a recomendar medidas extremas: «Si vas a comprar un teléfono usado, pide factura, contrato notariado, y una carta del dueño anterior jurando que no se lo quitó a nadie. Si el vendedor se ríe, aléjate lentamente y no hagas contacto visual», recomienda Vides. «Y si el celular aún tiene el código de desbloqueo de la persona anterior, más te vale ir dejando tus cosas en orden».
¿Y AHORA, QUIÉN COMPRA USADO? Los efectos ya se sienten en todo el ecosistema de segunda mano. Las ventas en grupos de WhatsApp colapsaron. Los precios de los teléfonos «como nuevos» en las vitrinas de la Calle España subieron un 300% porque ahora los venden con factura, boleta de garantía y una declaración jurada de origen. «Antes vendía 10 teléfonos al día», suspira doña Esperanza, vendedora del mercado central. «Ahora nadie quiere comprar nada que no venga con árbol genealógico. El otro día un cliente me pidió el número de IMEI, el recibo de luz del dueño anterior y una foto del momento de la compra original. Le dije: «Mira, compa, si quieres tanta seguridad, cómpralo en la tienda oficial». Y me dijo: «Pero allá cuestan $1,200». Pues sí, por algo será».
EL LEGADO DEL ARTÍCULO 214-A. Con esta ley, El Salvador se convierte en el primer país donde comprar barato es casi tan grave como robar. Los abogados ya anticipan una nueva especialidad jurídica: el Derecho Penal de las Ofertas Irresistibles. Pronto veremos afiches en las aceras que digan: «CELULARES USADOS — NO PREGUNTES EL PRECIO, PREGUNTA POR EL ORIGEN». Mientras tanto, los salvadoreños que compraron un Samsung en la acera por $30 se preguntan si deberían entregarse voluntariamente o esperar a que toquen la puerta. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, está considerando instalar un juzgado de paz en la intersección de la 4ª Calle Poniente y la Avenida Cuscatlán, justo donde solía estar el mejor puesto de celulares de segunda mano. Y donde ahora solo queda una manta vacía y el eco de una oferta que ya nadie se atreve a aceptar.