San Salvador — El Ministerio de Hacienda habilitó esta semana un portal en línea donde los salvadoreños pueden consultar, por primera vez en la historia reciente, los activos y pasivos declarados por los funcionarios públicos. La medida, parte de la nueva Ley Anticorrupción y uno de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, fue recibida con euforia popular: en las primeras 24 horas, el sitio recibió más visitas que TikTok un día de pelea entre youtubers. El problema, según expertos consultados, es que nadie sabe si los números que aparecen en la pantalla corresponden a la realidad o a lo que algún funcionario consideró “una buena cifra para publicar”.
El patrimonio presidencial. La declaración del presidente Nayib Bukele fue, comprensiblemente, la más buscada. Según los datos publicados, Bukele reporta activos por $4,561,160.23 y pasivos por $94,681.99, lo que arroja un patrimonio neto de $4,466,478.24. Es la primera ocasión desde que asumió la presidencia en 2019 en que se conoce públicamente su situación patrimonial. “Es un avance enorme en transparencia”, declaró un analista político que pidió no ser identificado. “Lástima que, según fuentes del propio Ministerio, los datos fueron cargados por un pasante que los copió de un Excel que alguien encontró en una USB perdida en la cafetería. Pero bueno, es un comienzo.”
El debate de la veracidad. Diario Co Latino publicó esta semana un artículo titulado “Lo que aparece en Hacienda no necesariamente es el patrimonio real”, donde cuestiona la fiabilidad de las cifras reportadas. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, encargada históricamente de fiscalizar las declaraciones juradas de los funcionarios, aclaró mediante un comunicado que “la constancia de cumplimiento formal de la presentación de la declaración no implica pronunciamiento administrativo sobre la veracidad o exactitud de los datos presentados”. Traducción al salvadoreño: “O sea, ellos entregaron unos papeles, nosotros los recibimos, pero si pusieron que tienen una isla privada o tres gallinas, no es nuestra culpa.”
El imperio que no cupo en el formulario. Y aquí es donde la historia se pone buena. Mientras Bukele declaraba $4.4 millones, investigaciones de El Faro, FOCOS y Redacción Regional revelan que su familia maneja un patrimonio inmobiliario que haría palidecer a cualquier magnate. El Grupo Bukele, fundado en 2016 por los hermanos Karim, Yusef e Ibrajim junto a su madre Olga Ortez con un capital inicial de $2,000, hoy controla 34 inmuebles valorados en más de $9.2 millones, incluyendo siete fincas de café, dos de caña de azúcar, un terreno con vista privilegiada al Lago de Coatepeque y varios apartamentos de lujo. El 92% de esas propiedades fueron adquiridas durante el primer mandato de Nayib. Casualidad, seguro.
Lagencia y el edificio de la discordia. La empresa Lagencia, propiedad de Karim y Yusef Bukele, compró cuatro nuevas propiedades en el Centro Histórico de San Salvador por $1.25 millones, incluyendo el edificio La Concordia. El detalle: la compra se hizo dos meses y medio después de que la Asamblea Legislativa —controlada por Nuevas Ideas, el partido de su hermano— aprobara una ley de exenciones tributarias para inversiones en el Centro Histórico. ¿Conflicto de intereses? Los abogados de la familia prefieren llamarlo “visión empresarial con información privilegiada”. Además, la familia es dueña de Global Motors, la franquicia Yamaha en El Salvador, que para 2018 ya reportaba $8.6 millones en activos. Todo esto, por supuesto, no aparece en la declaración de Hacienda del presidente.
Lo que declara vs. lo que hay. Hagamos cuentas: Bukele dice tener $4.4 millones. Su familia tiene $9.2 millones solo en inmuebles nuevos, más una empresa con $8.6 millones en activos. Si sumamos lo que se sabe públicamente, el patrimonio familiar total podría superar los $20 millones. Pero claro, eso está a nombre de sus hermanos, su madre y las empresas. El presidente declaró lo suyo. Y lo suyo, dicho sea de paso, son $4.4 millones que nadie sabe si son reales. “Es que si pones todo a nombre de tus hermanos, técnicamente no es tuyo”, explicó un experto en derecho mercantil que pidió el anonimato porque “uno nunca sabe con quién se está metiendo”.
Las sorpresas del portal. Mientras los ciudadanos hacían cola virtual para consultar el patrimonio de sus representantes, empezaron a circular capturas de pantalla que mostraban casos curiosos: un diputado que declaró $12,000 en activos totales pero aparece en redes sociales manejando una camioneta del año; una funcionaria que reportó $0 en pasivos pero, según fuentes cercanas, tiene tres tarjetas de crédito al límite; y un alcalde cuyo único bien declarado es un “colchón marca Genérico, valor estimado: $50”. Ese último caso, irónicamente, es el que más confianza inspira: al menos él sí declaró lo que tiene.
El precedente. La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla recordó que, apenas en marzo, el exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado a restituir $990,396.99 al Estado por enriquecimiento ilícito. “El sistema funciona”, declaró el presidente Bukele, antes de añadir: “Publicamos los números, los debatimos, y si alguien mintió, ya Probidad lo cazará. O no, porque el sistema no da abasto. Pero el gesto cuenta.” El mensaje fue borrado a los tres minutos, pero alcanzó a circular lo suficiente como para que alguien le preguntara a Probidad si piensan investigar el patrimonio de los hermanos Bukele. La Sección no respondió. Estaban muy ocupados recibiendo declaraciones de funcionarios que juran tener solo un colchón de $50. #YoTambienQuieroEseColchon