San Salvador — María Elena Ramos intentó vender su casa la semana pasada. Tenía todo en orden: escritura, solvencia fiscal, paz y salvo de servicios. Pero cuando llegó a la ventanilla de la Alcaldía de San Salvador, le informaron que había un “pendiente” en su Expediente Único del Ciudadano. Una multa de $3.50 por arrojar un recipiente de pupusa en la vía pública. De 2019. El notario dijo que no podía seguir hasta que la señora Ramos demostrara que aquel recipiente nunca existió o, en su defecto, pagara los $3.50 más cinco años de recargos que, con intereses municipales, ya sumaban $87.40. La compradora se cansó de esperar y se fue por un apartamento en Antiguo Cuscatlán.
El Expediente Único del Ciudadano. El sistema, que la Alcaldía describe como “una herramienta moderna de gestión ciudadana”, funciona en realidad como un archivo impecable de cada interacción que un salvadoreño ha tenido con el municipio desde que nació. Multas de tránsito, infracciones por ruido, licencias vencidas y ahora, sí, aquella vez que se te voló un recibo del banco en la calle. Todo queda registrado. “El expediente único es como el buró de crédito, pero en vez de destruirte financieramente, te destruye burocráticamente”, explicó un funcionario municipal que pidió anonimato porque aún no ha pagado una multa por tirar una colilla en 2021.
“Todas las multas deben estar saldadas.” La directora de Gestión Municipal fue clara en rueda de prensa: “No puede un ciudadano realizar ningún trámite — venta de inmueble, licencia comercial, permiso de construcción, certificado de nacimiento — si tiene alguna multa pendiente en el sistema. Todas, absolutamente todas, deben estar saldadas”. Cuando un periodista preguntó si eso incluía el acta de defunción, la directora hizo una pausa digna de un Grammy y respondió: “Estamos evaluando cómo integrarlo al proceso”.
La ciudad nunca olvida. El caso de Ramos no es el único. Un comerciante del centro histórico descubrió que una multa por arrojar “residuos sólidos no clasificados” en 2020 le impedía renovar su patente. Una señora de Mejicanos recibió notificación de que debía $12.00 por una bolsa plástica que una cámara municipal captó volando cerca de su persona en 2022. “No la tiré yo”, argumentó. “El viento la llevó.” La Alcaldía le respondió que “el viento no tiene expediente” y que la infracción estaba a su nombre. Le deseó buenas tardes.
Al cierre de esta nota, la Alcaldía no confirmó si existe un estatuto de prescripción para las multas de basura. Un ciudadano que preguntó en la ventanilla recibió como respuesta una sonrisa y siete palabras: “La ciudad nunca olvida. Siguiente en la fila.” #SolvenciaMunicipal