San Salvador — La abogada Ruth López, detenida hace un año tras presentar 76 habeas corpus para saber dónde estaban los detenidos del CECOT, fue intervenida quirúrgicamente este fin de semana en un hospital de San Salvador sin que su familia fuera notificada, según denunció la oenegé Cristosal. “El paciente tiene derecho a la confidencialidad”, podría haber dicho algún portavoz gubernamental, “y eso incluye el derecho de la familia a no enterarse”.
Cirugía exprés. Según el comunicado de Cristosal, los familiares de López se enteraron de la intervención “casualmente” y no fueron “notificados previamente sobre su traslado, el motivo de la intervención médica ni su estado actual”. Fuentes anónimas del Ministerio de Salud, contactadas por este medio, explicaron que se trata de un nuevo protocolo de “eficiencia hospitalaria”: si el régimen de excepción permite detener sin orden judicial, ¿por qué no operar sin consentimiento informado? “Es la misma lógica”, declaró el doctor Aníbal “El Bisturí” Molina, experto en políticas de salud pública recién nombrado asesor del Ministerio de Justicia. “Optimizamos procesos. Si puedes pasar un año sin juicio, puedes pasar una noche en el quirófano sin que tu familia se entere. Todo es parte del mismo programa de modernización estatal.”
Presos que sueñan con el Seguro Social. La noticia ha generado reacciones mixtas entre la población penitenciaria. “Yo llevo 14 meses esperando que me vea un médico”, declaró un recluso del CECOT bajo condición de anonimato. “Y ella ya fue operada. O sea, que para acceder al sistema de salud hay que ser abogada y haber denunciado al gobierno. No entiendo el criterio.” Fuentes de la Dirección General de Centros Penales aclararon que no se trata de un privilegio, sino de una “atencion selectiva basada en perfiles de riesgo procesal”.
La comunidad internacional frunce el ceño. Amnistía Internacional, que ya había declarado a López “presa de conciencia”, emitió un comunicado señalando que “operar a una persona sin el conocimiento de su familia en un contexto de detención arbitraria no es exactamente lo que entendemos por ‘derecho a la salud’”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en septiembre pasado solicitó al Estado salvadoreño dar seguimiento al estado de salud de López y evaluar la posibilidad de que lleve el proceso en libertad, señaló que “una cirugía secreta no es exactamente el tipo de seguimiento que teníamos en mente”.
Quirófano y ácido bórico. Mientras tanto, la Fiscalía —que lleva un año sin presentar pruebas del supuesto enriquecimiento ilícito por el que López fue detenida— se abstuvo de comentar. Una fuente judicial consultada por El Salvador Today resumió la posición oficial: “No podemos comentar un caso que está bajo secreto de sumario, que además ahora incluye secreto médico. Básicamente, todo es secreto. La única información pública es que ella está detenida. Y operada. Y que alguien, en algún momento, podría haber firmado algo. Quizás.”
Cristosal exigía “información inmediata a la familia sobre su estado, acceso urgente al expediente clínico y acceso a ella en persona” — tres cosas que en cualquier país con debido proceso serían lo mínimo, pero que en El Salvador, bajo el régimen de excepción, suenan a una exigencia casi revolucionaria.