Santa Ana — La Fiscalía celebró la condena de 30 años contra un pandillero en Santa Ana. Titulares, aplausos, rueda de prensa. Todo perfecto. Excepto por un detalle: la misma fiscalía no ha resuelto ni uno solo de los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o muertes bajo custodia que organizaciones como Cristosal han documentado.
“Treinta años por pandilleraje está bien”, dijo un abogado penalista que pidió no ser identificado. “Pero ¿dónde están los 30 años para los responsables de la desaparición de 3,500 personas desde el régimen de excepción? Ah, eso no genera titulares”.
La selectividad judicial no es nueva, pero bajo el régimen de excepción se ha convertido en un arte. Condenas exprés para delincuentes comunes, y una paciencia infinita para crímenes que involucran al Estado. Como si el sistema tuviera dos velocidades: una para los de siempre y otra para los de nunca.
“Imagínese un restaurante donde los platos de los clientes habituales salen en cinco minutos, pero los de los clientes incómodos nunca salen”, comparó el abogado. “Pues así funciona la justicia en El Salvador”.
Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos siguen esperando que alguna de esas condenas de alto perfil llegue a quienes desaparecen personas, no a quienes roban carteras.